Fiscalía citó al presidente a declarar por el intento de Golpe de Estado

El presidente Luis Arce fue llamado por la Fiscalía General de Bolivia a brindar declaraciones por la investigación del proceso penal del alzamiento militar del pasado 26 de junio. 

"Dentro de esta investigación se ha solicitado la declaración del presidente de Estado y de otras autoridades que estuvieron presentes en ese momento", dijo Juan Lanchipa, fiscal general de Bolivia tras brindar una conferencia de prensa este jueves 18 de julio. 

Lanchipa señaló que el hecho se investiga por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, "por las acciones que han desarrollado estos militares y otras personas".

Por este mismo caso, también llamaron a declarar ante la Fiscalía al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quién no brindó detalles de esta investigación en sus redes sociales como habitúa hacerlo. 

“Las autoridades políticas ya hemos declarado. Ya hemos prestado nuestra declaración informativa. Yo ya lo hice, lo han hecho otros ministros y otras autoridades del Órgano Ejecutivo, ya han prestado sus declaraciones correspondientes”, preciso Del Castillo tras salir de la Fiscalía. 

Cabe recordar que el pasado 26 de junio, un grupo de militares liderados por el destituido comandante del Ejército Juan José Zuñiga tomó el 26 de junio por unas horas la sede presidencial de La Paz, lo que fue calificado por el Gobierno de Arce como un "intento de golpe de Estado".

El día del alzamiento militar, todos los ministros estaban con el mandatario Arce en la sede del Ejecutivo llamada la Casa Grande del Pueblo y fueron testigos de lo que sucedió minutos antes y después de la llegada de Zuñiga.

Para la declaración informativa del mandatario boliviano todavía no se tiene fecha, pero se prevé que sea los siguientes días dentro de la etapa preparatoria del proceso.

Desde el 26 de junio hasta la fecha son 27 personas que son investigadas por la toma militar, precisó el fiscal general, de las cuales al menos una decena cumple prisión preventiva en diferentes cárceles y el resto se benefició con arresto domiciliario.